Por Humberto Mendieta
Una tarde lluviosa de septiembre del 87 un bus de la ruta Porvenir Paraíso fue arrastrado por las aguas del temible y traicionero arroyo de la 84. Esa vez –relatan los testigos- no fue imprudencia del conductor que manejaba entre un incipiente arroyito producto del chaparrón en ese sector. De pronto un verdadero torrente se les vino encima, imparable y originado en el aguacero descomunal que había caído sobre otros barrios de la parte alta de la ciudad. Fue entonces cuando comenzó la tragedia. Las aguas arrastraron el pesado automotor y los indefensos pasajeros salieron disparados. Se ahogaron siete personas, entre ellas universitarios y amas de casa. Una de las víctimas fue Jorge Salazar, pensionado de
La familia del militar retirado decidió interponer una acción legal contra la ciudad. Más que la búsqueda de la indemnización querían poner el dedo en la llaga de una crónica enfermedad que aqueja a los barranquilleros como una vieja artritis que de año en año hace su dolorosa aparición. Y lo lograron. Nunca antes se había obtenido una condena por esta falla en el servicio, como se denomina en términos jurídico a la falencia del Estado en la preservación y cuidado de sus asociados.
Los arroyos no son sólo un tema de parálisis de la economía. Se trata de la vida, de la protección de los ciudadanos.
El proceso comenzó en 1990 con demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, donde fue fallado a favor de los demandantes, grupo conformado por la viuda y los hijos del señor Salazar. La condena produjo un efecto inmediato: la ciudad ubicó señales de “Arroyo peligroso” para prevenir a la gente y evitar otros procesos. Sin embargo, y eso es objeto de otra discusión, los casos siguen en buena parte por irresponsabilidad de conductores.
En 1998 el Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia. Los procedimientos judiciales lo llevaron al Juzgado 14 Civil del Circuito, que aprobó la indemnización en el proceso radicado en el expediente número 206-2000, acuerdo que hizo tránsito a cosa juzgada. Los demandantes hicieron los requerimientos correspondientes y desde 2001 los Alcaldes de Barranquilla han hecho caso omiso de la orden judicial, en una muestra de intolerancia e infinita burocracia irrespetuosa de las órdenes judiciales. Ignorancia, burocracia, desacato o todo junto se plasman en este proceso que bien podría ser el de Kafka, sólo que aquí los arroyos ahogan la justicia.
Los capítulos de esta historia están resumidos en el proceso de restructuración de deudas del Distrito,
Mendieta-Torres, Humberto. (2010) LOS ARROYOS AHOGAN LA JUSTICIA. Artículo de Opinión Publicado el 02 de julio de 2010 en el Diario El Heraldo. Barranquilla. Colombia. humberme@yahoo.com
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